San Carlos, Septiembre de 2016.
En sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados realizada el día de ayer, en un giro inesperado, el titular del organismo Carlos Estévez, señaló por primera vez que la actual Reforma al Código de Aguas sí afecta a los derechos ya constituidos.
Este día martes se reunió nuevamente la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para abordar las diferentes aristas en torno a la Reforma al Código de Aguas.
A diferencia de la reunión efectuada hace un par de semanas, los parlamentarios escucharon los planteamientos del actual Director General de Aguas, Carlos Estévez, quien confirmó la inaplicabilidad del caudal ecológico retroactivo, argumento que ha sido mencionado reiteradamente por las organizaciones de usuarios de aguas del país.
Además de las críticas a esta indicación parlamentaria que se sumó al proyecto original del ejecutivo, Estévez confirmó que hay algunos aspectos en la actual reforma que afectan a los derechos de aguas constituidos con anterioridad, mensaje que fue valorado por Martín Arrau, quien estuvo presente en la reunión junto a otros regantes de la séptima y octava regiones: “Que un organismo técnico que depende del Gobierno, a través de su director, confirme las debilidades de esta reforma y los graves perjuicios que puede generar, para nosotros significa un avance muy relevante”.
Arrau reiteró que la reforma no tiene sustento técnico, porque quienes la impulsan no conocen el mundo real de los ríos y canales. “como el proyecto de ley tiene efecto retroactivo para los regantes, implicará limitaciones y perjuicios en el desarrollo del riego, lo que se traducirá en importantes costos de indemnizaciones por parte del Estado, por su carácter expropiatorio”, agregando que la distribución del recurso hídrico sería inviable con los sistemas existentes como bocatomas, canales, marcos y compuertas.
En la reunión también expuso Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), quien indicó que el Estado tendría que desembolsar US$27 mil millones en indemnizaciones por la Reforma al Código de Aguas. “Este es un proyecto inconstitucional, que busca limitar la perpetuidad de los derechos de aprovechamiento de agua a una temporalidad de 30 años”.
Al término de la reunión, los representantes de las organizaciones de usuarios de aguas de la séptima y octava regiones, confirmaron el despliegue de una campaña comunicacional para evitar la promulgación de una ley que califican como “demoledora para la actividad agrícola nacional”.