Regantes del Río Ñuble advierten graves perjuicios por la Reforma al Código de Aguas

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San Carlos, Septiembre de 2016.

  • El director de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Martín Arrau, expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
  • Diagnóstico negativo es compartido por ex directores de la Dirección General de Aguas (DGA) de los gobiernos de Piñera y Bachelet.

Varias horas duró el trabajo de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en torno a la Reforma al Código de Aguas, en la sesión realizada este día martes en Valparaíso.

En la instancia presidida por el Diputado Manuel Monsalve, expuso el director de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble Martín Arrau, quien advirtió sobre los graves perjuicios que este cambio legislativo significará para los 400 mil usuarios de aguas del país. El Dirigente agradeció la invitación a esta Comisión, ya que no habrían sido invitados ni por la Comisión de Agricultura ni la de Recursos Hídricos de la Cámara, cuando en ellas se tramitó el proyecto.

La principal crítica a la reforma se fundamenta en la imposición de una serie de restricciones y burocracia en la administración del agua, cambios que en su mayoría serían impracticables y que si se intentan aplicar traerían enormes perjuicios, como dejar cuencas sin agua para riego en ciertas épocas del año. “Es un proyecto creado por gente que desconoce el mundo real de los ríos y canales, con una visión ideologizada”, evidenció Arrau, con más de una treintena de ejemplos que se expusieron a los Diputados presentes en la reunión.

Un ejemplo es el artículo primero transitorio, que impone restricciones al uso, goce y disposición de los derechos de aprovechamiento de aguas, incorporando factores como la temporalidad, extinción por cambio de actividad, priorización de usos, entre otros criterios.

En este sentido, Martín Arrau indicó que “como el proyecto de ley tiene efecto retroactivo para los regantes, implicará limitaciones y perjuicios en el desarrollo del riego, lo que se traducirá en importantes costos de indemnizaciones por parte del Estado”. Según el director de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, el proyecto es confuso y tampoco se ha dimensionado el costo real que deberán asumir las organizaciones de usuarios de aguas.

El artículo N° 6  de la reforma también fue foco de críticas, porque establece una concesión temporal del derecho de aprovechamiento de aguas que no puede superar los 30 años. A juicio de Arrau, esto tendría un impacto en la viabilidad de los proyectos agrícolas y en la infraestructura actual de canales. “Se haría inviable la distribución del recurso hídrico por los sistemas existentes como bocatomas, canales, marcos y compuertas. Significará invertir en nuevas redes para su aplicabilidad”.

Respecto de la caducidad por cambio de uso, el texto legal establece que caducarán los derechos de aprovechamiento si son utilizados para un “fin diverso”, algo que también fue analizado en la reunión. “¿Cuál es ese fin diverso? ¿cambio de cultivos o incompatibilidad entre riego y micro generación?. Esta redacción no sólo genera incertidumbre, sino que también una limitación al desarrollo agrícola por su orientación expropiatoria”, comentó Martín Arrau durante su exposición.

Finalmente, el representante del Río Ñuble fundamentó la inviabilidad del caudal ecológico retroactivo, calificándolo de discriminatorio, porque se aplica en función “del tamaño” del agricultor, e “inaplicable”, porque con la infraestructura de distribución proporcional existente en las cuencas, no es posible discriminar entre usuarios exentos y afectos a la medida.

“Acá hay un paradigma en la clase política de que unos pocos acaparan el agua. Eso demuestra un profundo desconocimiento de nuestra realidad, considerando que en cuencas como la nuestra más del 90% de los regantes trabaja en una superficie inferior a las 50 hectáreas. Esta reforma no ha medido las graves consecuencias que esto va a generar para el país”.

En la Comisión de Hacienda de la Cámara también intervinieron Rodrigo Weisner, ex director de la DGA en los gobiernos de Lagos y Bachelet, y Matías Desmadryl, quien ocupó el mismo cargo en el gobierno de Piñera. Ambos compartieron diagnósticos similares en torno a los perjuicios de la reforma.

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